Violencia y estrategias políticas México lidera el ranking de tener las ciudades más violentas del mundo. eConsulta. Febrero 21, 2024. En un mundo cada vez más globalizado, la violencia urbana se ha convertido en un desafío multifacético que rebasa fronteras y culturas, afectando de manera desproporcionada a regiones específicas. El informe 2023 del Ranking de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo, señala a México, Haití y Ecuador como epicentros de una violencia que no solo perturba la paz social, sino que cuestiona la eficacia de las políticas adoptadas. Este artículo examina la persistencia de la violencia en estas naciones y los desafíos que enfrentan para revertir estas tendencias. México: Entre la violencia y la controversia política. Por séptimo año consecutivo, México lidera el indeseable ranking de las ciudades más violentas del mundo, con Colima registrando una tasa alarmante de 140.32 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2023. La violencia en México no es un fenómeno reciente; sin embargo, la actual administración ha sido particularmente criticada por su estrategia de "abrazos, no balazos", la cual ha permitido que los grupos criminales actúen con una impunidad casi absoluta. Este enfoque ha sido acompañado, lamentablemente, por alegaciones de manipulación de datos sobre la incidencia del crimen, con denuncias de falsificación de cifras oficiales de homicidios que ponen en tela de juicio la transparencia y la responsabilidad gubernamental. Haití y Ecuador: Estados en la frontera del colapso. Haití, por su parte, enfrenta décadas de inestabilidad política y debilidad institucional, exacerbadas por desastres naturales y una violencia criminal que ha llevado al control de hasta el 80% de Puerto Príncipe por parte de grupos armados. Ecuador, un país que hasta hace poco era considerado relativamente pacífico, ha visto un ascenso vertiginoso en la violencia, atribuido en gran medida a la infiltración de grupos criminales mexicanos que han extendido su disputa territorial más allá de sus fronteras. El común denominador: La amenaza del estado fallido. La situación en México, Haití y Ecuador sugiere una problemática común: la amenaza de convertirse en estados fallidos, donde el gobierno pierde el control efectivo sobre su territorio y la capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esta condición facilita el auge de grupos criminales que ejercen un poder paralelo, socavando el estado de derecho y perpetuando ciclos de violencia y corrupción. Desafíos y perspectivas. Frente a este panorama, la necesidad de reformas profundas y estrategias integrales de seguridad es evidente. La experiencia de países como Guatemala, El Salvador y Honduras, que han logrado reducciones significativas en los niveles de violencia mediante políticas de mano dura contra el crimen organizado, sugiere que es posible revertir estas tendencias. Sin embargo, estas estrategias requieren de un enfoque multifacético que incluya no solo la acción policial y militar, sino también el fortalecimiento institucional, la promoción de la justicia social, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo económico. La violencia en México, Haití y Ecuador no es simplemente un problema de seguridad pública; es un síntoma de debilidades estructurales profundas que requieren soluciones igualmente profundas y sostenidas. La política debe ir más allá de la respuesta inmediata al crimen, abordando las raíces socioeconómicas y políticas de la violencia. Solo a través de un compromiso renovado con el estado de derecho, la gobernabilidad democrática y el desarrollo inclusivo, estas naciones podrán superar el desafío de la violencia y construir sociedades más seguras y justas para todos sus ciudadanos. El caso mexicano: Violencia y política. México se encuentra en una encrucijada crítica frente a la violencia que azota al país, una situación que no solo ha devastado a comunidades enteras, sino que también ha puesto en jaque la eficacia de las políticas implementadas por el gobierno. La persistencia y, en muchos casos, el incremento de la violencia, especialmente en forma de homicidios, se ha convertido en un reflejo de desafíos más profundos que enfrenta el Estado mexicano en su lucha contra el crimen organizado y la inseguridad. Estrategia de seguridad cuestionada. La actual administración, bajo la consigna de "abrazos, no balazos", buscó marcar un distanciamiento de las políticas de seguridad anteriores, enfocándose en atacar las causas raíz de la violencia mediante programas sociales. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia ha sido ampliamente cuestionada, dado que las tasas de homicidios y violencia, lejos de haber disminuido, se han incrementado, rompiendo todos los récords históricos de la violencia criminal en México. El fracaso de esta política ha permitido que los grupos criminales consoliden su poder en varias regiones del país, ejerciendo control territorial y extorsionando a la población civil con impunidad. Manipulación de datos: Un golpe a la confianza pública. Las acusaciones sobre la manipulación de cifras de homicidios por parte de las autoridades añaden un nivel adicional de complejidad al desafío de la seguridad en México. La confianza en las instituciones se erosiona cuando la transparencia y la rendición de cuentas son cuestionadas, complicando aún más la ya difícil tarea de combatir el crimen organizado y restaurar la paz social. Este escepticismo se ve reforzado por las diferencias en las cifras de homicidios presentadas por diferentes entidades gubernamentales, lo que sugiere una posible subestimación de la magnitud real de la violencia. Implicaciones para el futuro de la seguridad en México. La situación en México resalta la necesidad de un enfoque integral y multifacético para abordar la violencia y la inseguridad. Es claro que la solución no reside únicamente en medidas de fuerza o políticas sociales aisladas, sino en una estrategia integral que combine la prevención, la persecución efectiva del crimen, el fortalecimiento del estado de derecho, el desarrollo económico, así como el repudio social a la corrupción y al dinero mal habido. Además, la restauración de la confianza pública en las instituciones es fundamental. Esto implica no solo garantizar la transparencia y la precisión en la recopilación y difusión de datos sobre criminalidad, sino también asegurar que haya una verdadera rendición de cuentas para aquellos en posiciones de poder, incluyendo medidas efectivas contra la corrupción, que a menudo facilita la actividad delictiva. Un llamado a la acción. El caso de México es un recordatorio de que la violencia y la inseguridad son síntomas de problemas estructurales profundos que no pueden ser solucionados de la noche a la mañana ni mediante soluciones simplistas. La lucha contra el crimen organizado y la violencia exige un compromiso inquebrantable con el fortalecimiento de las instituciones, la promoción de la justicia y la equidad social, para la construcción de un pacto social renovado basado en la confianza mutua entre el gobierno y los ciudadanos. Debemos observar y aprender de la experiencia, reconociendo que la seguridad va más allá de la mera presencia policial o militar en las calles. Es hora de que México redoble sus esfuerzos hacia políticas que sean tan comprensivas en su alcance como firmes en su aplicación, asegurando así un futuro más seguro y pacífico para todos los mexicanos. Esperamos que el nuevo gobierno lo entienda, sino los ciudadanos tendremos que hacérselo entender. Referencias: Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal (2024). Ranking 2023 de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo. Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal (2024). Metodología del Ranking 2023 de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo. Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal (2024). Presentación del Ranking 2023 de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo.